El narco ejecuta y el Estado evade
El cobarde asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, Presidente Municipal de Uruapan, Michoacán, a plena celebración y durante un evento público del Día de Muertos, no solo es una tragedia local; es un golpe a la gobernabilidad democrática y una demostración demoledora del crimen organizado al Estado mexicano en su conjunto. Este hecho tan lamentable, perpetrado el 1 de noviembre de 2025, expone de manera cruda y dolorosa la verdadera magnitud del desafío que enfrenta el país y, sobre todo, el estado.
De hecho, el alcalde no murió en silencio. Sus últimos meses estuvieron marcados por peticiones públicas de ayuda al Gobierno Federal, incluyendo la solicitud de vehículos blindados y apoyo directo de la presidenta Sheinbaum para contener la violencia en Uruapan, argumentando que los cárteles operaban con armas de uso exclusivo del Ejército. Incluso, apenas un mes antes de su muerte, en medio de un ambiente violento, declaró: “No quiero ser otro más de la lista de ejecutados”.
Por consiguiente, este contexto hace que su asesinato, ocurrido en la plaza principal del municipio frente a cientos de personas y de su familia, resuene en una doble tragedia: la pérdida de un líder y la sensación de que fue ignorado por las autoridades que debían protegerlo. El narcotráfico demostró, una vez más, que no respeta ni el cargo, ni la investidura, ni los espacios públicos, dando un golpe directo a la legitimidad del gobierno en uno de los días más importantes de la cultura mexicana.
Este asesinato, lamentablemente, se inscribe en una tendencia alarmante. Aunado a esto, en lo que va del sexenio de Claudia Sheinbaum, ya son 10 alcaldes los que han perdido la vida a manos de la delincuencia, principalmente en el sur del país. Esta cifra, que incluye funcionarios de los estados de Guerrero, Michoacán e Hidalgo, no solo señala la vulnerabilidad del poder municipal, sino que evidencia una estrategia fallida por parte de la Secretaría de Seguridad de la Nación.
En pocas palabras, la violencia contra los políticos que se rebelan contra la corrupción es un indicador crudo y verídico del fracaso territorial de la política de seguridad federal. Los datos son incuestionables: estos asesinatos demuestran que la estrategia no está logrando disuadir a los cárteles ni, mucho menos, proteger a la ciudadanía, dejando a los municipios a merced de la delincuencia y erosionando la confianza de la gente en la capacidad del Estado para imponer orden.
Pero, según declaraciones de la Presidenta de México, Felipe Calderón tiene la culpa. Este intento de deslindar responsabilidades del fracaso de la actual estrategia, mediante la alusión a políticas de sexenios pasados, simplemente, ignora la responsabilidad directa que tiene su gobierno en turno para garantizar la vida de sus funcionarios y la seguridad de sus territorios, hoy.
A 48 horas del atroz asesinato de Carlos Manzo, la respuesta de la presidenta no fue la autocrítica, sino un viaje al pasado. La mandataria defendió, de manera categórica, una estrategia de seguridad que no está funcionando. Insistió en que la violencia actual es culpa de la "guerra contra el narco", declarada por Calderón hace casi dos décadas. Tristemente, esta narrativa, que busca justificar la ineficacia del presente con errores históricos, parece más una maniobra política contra sus opositores que una respuesta de Estado.
Junto con esto, señaló que la militarización y la guerra no son una opción, lo cual es válido, pero su alternativa de “inteligencia, investigación y judicialización” no se siente efectiva en Michoacán. En un acto de soberbia, incluso cuando Christopher Landau ofreció cooperación de Estados Unidos, solo aceptó la ayuda en términos de inteligencia, insistiendo en que “la intervención no es justicia”.
El perfil de Manzo era el de un político que se negaba a normalizar la violencia. Reportaba decomisos, enfrentamientos y denunciaba la infiltración del narco, a pesar de estar, como él mismo reconoció, amenazado. La valentía se paga con la vida. En consecuencia, esto inevitablemente genera un efecto paralizante en la política local, llevando a la autocensura.
Por otro lado, el problema que enfrentan los municipios de Michoacán no es un asunto menor: es la disputa por el “oro verde”, en este caso, la industria del aguacate, un negocio millonario. La impunidad con la que operan grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación en la zona subraya la necesidad urgente de una estrategia de seguridad que vaya más allá de la mera reacción. Esta riqueza generada por el aguacate ha provocado un espiral de violencia. Tal como se ha documentado, la industria tiene un “lado oscuro” caracterizado por el crimen y la desigualdad social. Por ende, la muerte del alcalde tiene una relación directa y causal: la injerencia del narcotráfico en el negocio del aguacate. La lucha por el control territorial y económico de ese negocio es la causa subyacente de estos crímenes que se están cometiendo.
A raíz de esta situación que se está viviendo en ese estado, una parte de la sociedad ha optado por la autodefensa armada. El surgimiento de grupos civiles armados, que buscan suplir la ausencia del Estado, es una de las consecuencias más graves de esa violencia que se vive día a día. Además, varios medios de comunicación han reportado numerosas manifestaciones, donde los habitantes exigen justicia, paz y el cese de la extorsión.
También hubo declaraciones en las que el secretario de seguridad afirmaba que sí contaba con elementos de seguridad para su protección. Al ser así, ¿por qué fallaron? ¿Cómo es posible que los 14 elementos que lo estaban custodiando el día del evento les resultó más fácil matar al supuesto culpable? Esto solo demuestra la incompetencia de las autoridades, quienes se suponen nos tienen que cuidar a nosotros, los ciudadanos.
No solo dejaron a un pueblo desprotegido, dejaron a sus hijos sin su padre, a una madre sin su hijo y a una esposa sin su esposo. Por lo que se debe garantizar la seguridad de su familia, porque, así como él, puede que al día siguiente sea su compañera de vida o incluso sus pequeños hijos. Esto solo nos demuestra que la indiferencia por parte del gobierno está causando efecto. Son hechos que dejan una huella imborrable en el corazón de todos los mexicanos, sobre todo porque no estamos exentos de vivir una situación de esa magnitud.
Lo cual me parece sumamente lamentable: la soberbia y frialdad con la que habla la presidenta en la "mañanera" sobre estos temas. Es momento de que deje de lado los partidos opositores y se ponga a resolver las problemáticas que acontecen en la Nación. Nada se gana echándole la culpa a los demás presidentes; ¿por qué no culpa también al expresidente Andrés López Obrador?, pues, según cifras, en su sexenio hubo más muertes y desapariciones que en el sexenio de Calderón y los anteriores presidentes. Es claro que no va a perjudicarse y mucho menos a hablar mal de su partido.
Es mejor que se ponga a trabajar, dejando de lado lo que sus opositores digan de ella. ¿Cómo es posible que las manifestaciones ocurridas en el país los asocie con querer boicotear su mandato? Es como si no tuviéramos derecho a expresarnos.
El brutal asesinato de Carlos Manzo en Uruapan es más que una estadística; es un ataque contra la soberanía. Según la Fiscalía, el agresor material fue abatido en el acto, portaba un arma calibre 9 mm con historial criminal y, lo más alarmante, las indagatorias periciales sugieren que el ataque fue un atentado planeado para que el sicario muriera en la escena, asegurando el silencio total sobre los autores intelectuales.
Este desenlace, aunque trágico, resulta algo muy funcional para las autoridades: al matar al autor intelectual del asesinato, se da una respuesta inmediata de “justicia rápida”. Para el gobierno, visto esta, es mucho más sencillo declarar el caso como un “enfrentamiento resuelto” que enfrentar la complejidad del caso.
Durante el funeral, el dolor y la rabia del pueblo se convirtieron en una protesta masiva. Cientos de habitantes de Uruapan y Morelia tomaron las calles con el féretro, exigiendo justicia. El gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, tuvo que abandonar el funeral en medio de reclamos, gritos de "¡Fuera, asesino!" y un repudio social que escaló con daños en el Palacio de Gobierno.
Grecia Quiroz García, la esposa del alcalde, se convirtió en el rostro de esta tragedia, liderando la procesión y exigiendo justicia, mientras la familia de Manzo se sumaba a la ya larga lista de víctimas.
Es así, que mientras los altos funcionarios se enfrascan en debates históricos y excusas partidistas, la soberanía se negocia en la plaza pública y en los campos de aguacate. El silencio impuesto por el crimen organizado se convertirá en la única voz que resuene en cada municipio de la Nación. La memoria de Carlos Manzo no merece ser utilizada para fines políticos, sino el punto de inflexión que obligue al gobierno a dejar de lado la autocomplacencia y, por fin, recuperar el país que se está perdiendo.
